Toman edificio de la Comisión Nacional de DDHH en México reclamando acciones contra la violencia de género
Desde el jueves 3 de septiembre víctimas de agresiones y colectivos feministas han tomado el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de la Ciudad de México para reclamar acciones efectivas contra la violencia de género.
Como recoge el medio mexicano Animal Político, tomaron las instalaciones después de que varias mujeres que habían acudido a una reunión con la titular de la CNDH «se negaran a salir de la sala de juntas del organismo, reclamando justicia por sus casos». Lo que desencadenó en que grupos feministas que habían acudido a apoyarlas se quedaran en el edificio.
Entre las exigencias de las manifestantes se encuentra la de pedir a la CNDH la emisión de una Recomendación General al gobierno federal, gobiernos estatales y fiscalías «reconociendo públicamente la gravedad de la violencia de género y violencia feminicida en México».
Al menos seis de cada diez mujeres mexicanas enfrentaron un incidente de violencia, según un informe de 2018 de Naciones Unidas. El 41.3% de las mujeres había sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, nueve mujeres eran asesinadas al día. En este contexto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), tras reconocer los esfuerzos realizados por el Estado mexicano, lamentó la persistencia de altos niveles de violencia que afectan negativamente al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el país.
En este contexto, según informó Animal Político, México aplazó el informe que tendría que haber enviado el pasado mes de junio a la CEDAW, al pedir una prórroga «de la que no se sabe hasta cuándo permitirá que se entregue la respuesta».
La CEDAW emitió en 2018 sus recomendaciones a México, en un documento donde reiteró recomendaciones anteriores. Entre ellas, la de «concluir el proceso de armonización legislativa en los niveles federal, estatal y municipal acorde con los estándares internacionales y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas». Así la de «fortalecer el acceso de las mujeres al mercado laboral y al crédito», y atender a las políticas de prevención desde el sector educativo «para acabar con la violencia y los estereotipos sexistas». Además, resaltó la urgencia de garantizar los derechos de poblaciones en mayor riesgo de vulneración como la población LBTI, las mujeres indígenas y afrodescendientes, las mujeres rurales, las defensoras de derechos humanos y las periodistas. E incluyó recomendaciones específicas para México sobre mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
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