Trump aprovecha el virus para desmantelar leyes de protección ambiental, igual que Andalucía, Madrid o Murcia
Durante el confinamiento, las agencias federales de Estados Unidos han flexibilizado las normas de eficiencia en el uso de combustible para los automóviles nuevos; han dejado en suspenso las normas relativas a la contaminación del aire por hollín y han propuesto que se eliminen los requisitos de inspección para las terminales de gas natural licuado. Son algunas de las medidas a través de las cuales la administración Trump está prosiguiendo su estrategia para socavarla legislación de protección ambiental. En España, algunas comunidades autónomas como Andalucía también lo ha hecho y tienen planes similares, Murcia, Madrid Galicia o Castilla La Mancha.
En EEUU además de la flexibilización de normas de eficiencia de combustible, las de contaminación por hollín se ha mantenido, según detalla un artículos de Emily Holden en El Diario.es, el alquiler bienes públicos a las empresas de petróleo y gas, se han acelerado la concesión de permisos para las piscifactorías en alta mar y se ha relajado la normativa de rendición de cuentas por parte de los grandes contaminantes.
Todas estas medidas siguen la «agenda» de Donald Trump, en plena pre campaña electoral, para desmantelar la legislación de protección ambiental del país y respaldar a la industria, en particular el gas y el petróleo. Es al menos lo que denuncian científicos y ecologistas como Gina McCarthy, ex directora de la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA por sus siglas en inglés) en la era Obama. Y advierten de que incluso en el caso de cambio al frente de la Casa Blanca el próximo noviembre y de la llegada de Joe Biden, será necesario mucho tiempo y esfuerzo para revertir los cambios introducidos y volver a la situación anterior.
Pero los recorte en la protección ambiental en plena crisis del coronavirus no son exclusivos de EEUU. En España también se están dando. La Comunidad de Andalucía fue la primera en aventurarse en esta senda, aprobando a principios de abril una reforma legal que abría la puerta a un masiva desregularización ambiental. La justificación era impulsar una recuperación económica tras la pandemia eliminando «trabas burocráticas», pero los ecologistas reaccionaron señalando que se trataba de un retroceso histórico. Y de hecho las modificaciones ya han reactivado proyectos polémicos como un hotel de lujo con campo de golf en Nerja lindando con un paraje protegido.
Y otros gobiernos autonómicos tienen planes similares. Murcia ha aprobado un decreto llamado para «mitigar el impacto socioeconómico de la COVID-19″ que modifica de urgencia la ley de protección ambiental de 2009, rebajando los requisitos para recibir autorización y «simplificando los procedimientos. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que quiere modificar la ley de suelo para liberar terrenos y facilitar la construcción, mientras en Galicia se han declarado «esenciales» casi un millar de proyectos industriales y en Castilla La Mancha han anunciado «dos leyes de trámite exprés para procedimientos económicos de empresas y urbanísticos».
