Un PP moderado en lo social
Tras la apariencia de un partido cohesionado, en el PP conviven algunos asuntos filosóficamente polémicos. Durante la legislatura, algunas de las llamadas «leyes estrella» de Zapatero -memoria histórica, matrimonio gay, divorcio, igualdad…- fueron objeto de feroces críticas desde las filas populares. Algunas de ellas son incluso un tema de bandera para los sectores ultraconservadores. Pero por sus declaraciones públicas, todo indica que si hubiera llegado al poder, Mariano Rajoy habría mantenido la gran mayoría, igual que hizo Aznar en 1996. Es una de las ambigüedades que los sectores más radicales no le han perdonado al actual líder del PP.
El Partido Popular de Rajoy apoya la actual Ley del Aborto, no es partidario de hacer cambios en esta norma, en ningun sentido, aunque defiende que se cumpla. Este es una de los principales trincheras de los radicales de ultraderecha que reprochan a Rajoy su tolerancia con el asunto.
Aunque no la apoyaron en el Congreso, el líder popular aseguró en la campaña que tampoco tocaría la llamada Ley del Divorcio Express, aprobada por Zapatero y que facilita los trámites para la separación legal. Tanto la Ley del aborto como la del Divorcio Express, eran dos normas que algunos miembros de su partido, como Fraga, sí eran partidarios de derogar.
En cuanto a la Ley sobre el Matrimonio homosexual, el programa electoral no mencionaba ninguna medida concreta, pero en el PP aseguraron que no derogarían la ley. Según Eduarzo Zaplana sí cambiarían el nombre de «matrimonio». Rajoy admitió que podría quitar el derecho a la adopción, pero sostuvo que respetarían la norma y su espíritu.
Sobre la Ley de la Memoria Histórica, en la campaña electoral Rajoy también se mostró ambiguo. Afirmo que «hubiera preferido que no se aprobara», pero no tenía decidido derogarla si llegaba al poder. Dijo que apostaba por «ponderar», en cada caso, si es conveniente anular leyes en vigor o si, por el contrario, «se hace más daño al suprimirlas».
Y en cuanto a la Ley de Igualdad, el PP la recurrió inicialmente al Tribunal Constitucional y dijo que aceptaría su dictamen. A principios de enero de 2008, el máximo órgano judicial rechazó el veto de los populares.
