La Justicia española y más concretamente la Audiencia Nacional decide en este principio de año 2023 si aprueba la extradición de Carlos Américo Suzacq Fiser, médico de 72 años y de doble nacionalidad uruguaya y española, reclamado en Montevideo por el Estado que lo quiere juzgar por haber colaborado en torturas a detenidos políticos durante la dictadura. La petición de extradición de este médico está apoyada por la Fiscalía española. La ARMH ha reaccionado a este comentario señalando las «lecciones que sigue recibiendo España».

Carlos Américo Suzacq Fiser, detenido en junio pasado en base a una orden de captura internacional, está acusado en Uruguay de participar en torturas “asesorando a los interrogadores del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) para, con coerción física, obtener testimonios de los detenidos”. Las autoridades uruguayas ha reclamado su entrega a través de su embajada en Madrid. Y la Fiscalía española ha apoyado la petición de extradición de Carlos Américo Suzacq Fiser, sobre el que pesan acusaciones de delitos de lesa humanidad, lesiones graves y detención ilegal.

En la causa en la que Uruguay justifica la extradición hay testimonios de 8 personas que fueron víctimas de tortura en el regimiento en el que Suzacq trabajaba como médico y detallan cómo «aconsejaba a los represores cómo actuar para que los detenidos hablaran».

Se da la circunstancia de que España ya entregó hace dos años a Uruguay a otro acusado de delitos de lesa humanidad: el ex coronel septuagenario Eduardo Augusto Ferro Bizzozero. En concreto este militar estaba acusado acusado de ser el responsable de la llamada Operación Cóndor -la ofensiva puesta en marcha de manera coordinada por siete dictaduras latinoamericanas para acabar con la disidencia política—. Ferro había sido detenido en España en 2017, pero se fugó y permaneció desaparecido hasta 2021, cuando la Policía lo encontró en Peñíscola (Castellón) y fue finalmente extraditado.

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