Veinte años de la primera denuncia judicial por la exhumación de una fosa
El 5 de julio de 2002, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) estaba llevando a cabo la exhumación de una fosa común en la localidad leonesa de Piedrafita de Babia. Era la tercera exhumación científica de una fosa de represaliados por la represión franquista que se hacía en España. Y tras la aparición de 4 cuerpos, Emilio Silva, presidente de la ARMH presentó en el Juzgado de Villablino la primera denuncia judicial de una fosa exhumada científicamente. Se cumplen ahora 20 años de este hito para la memoria en España.
Hace exactamente 20 años realizábamos una exhumación en la localidad leonesa de Piedrafita de Babia y nos visitó el brigadista internacional francés Theo Francos. Participaban doce jóvenes voluntarios de nueve nacionalidades. Rompíamos el silencio. (Foto: Eloy Alonso). pic.twitter.com/BXivMVRiXC
— Memoria_ARMH (@ARMH_Memoria) July 3, 2022
Hoy hace 20 años desde que Piedrafita de Babia marcó un hito para la Memoria Histórica (@ARMH_Memoria) promoviendo la primera denuncia judicial de una fosa exhumada.https://t.co/Ikx3uNm4gv
— Álvaro (@_alvarocm_) July 4, 2022
La propia ARMH ha recordado en Twitter cómo hace exactamente 20 años empezaron a «romper el silencio». Realizaban entonces la exhumación de una fosa común en la localidad leonesa de Piedrafita de Babia. La búsqueda había sido promovida por dos vecinas y amigas de Palacios del Sil; Isabel González, que buscaba a un hermano; y Asunción Álvarez, que buscaba los cuerpos de dos de sus hermanos. Y contó con la ayuda de doce voluntarios de nueve nacionalidades y con la visita de un brigadista internacional francés.
Era la tercera exhumación que llevaba a cabo la ARMH tras la primera de Priaranza del Bierzo en el año 2000. Y supuso un hito para la memoria en España, porque tras el hallazgo de cuatro cuerpos, Emilio Silva se presentó en el Juzgado de Villablino para denunciar los hechos y exigir la aplicación de la Resolución de la ONU 47/133, de 18 de diciembre de 1992, sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Como consecuencia de la denuncia, la policía judicial se desplazó hasta el lugar de la exhumación donde recabó información. El Juzgado abrió diligencias y se hizo cargo de los restos que fueron exhumados para someterlos a una prueba genética en el Instituto de Toxicología.
Pero sobre todo, a raíz de este caso, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica inició un largo camino de denuncias que pasó por la sede en Ginebra del Alto Comisionado de Naciones Unidas o por el hecho de haber promovido la querella Argentina contra el franquismo que es en la actualidad la única investigación penal de los crímenes de la dictadura.
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